En líneas generales, los papeles públicos editados por el bando republicano tuvieron características similares a las de anteriores periódicos montevideanos17: dos o cuatro páginas por número, composición a dos columnas en la mayor parte de los casos, ausencia de ilustraciones, paginación corrida en algunos (El Eco, Registro Oficial y El Guarda de sus Derechos), ausencia de numeración en otros (Gaceta de la Provincia Oriental, Miscelánea Oriental y El Redactor Oficioso) y un costo por ejemplar equivalente a un real (octavo de peso). Pero El Eco también introdujo cambios significativos. Mientras que otros impresos circularon en un tamaño de página no superior a 16 por 22 centímetros (formato en cuarto), el semanario de Antuña, Ferrera y Ocampo recurrió al de 27 por 39 centímetros, cercano al pliego completo. Esta mayor superficie imprimible se combinó con la pequeñez de la letra utilizada, facilitando la composición a tres columnas —nueva variante tipográfica— y la inclusión de gran cantidad de texto en cada número. Parece haber sido concebido para la lectura más pausada, sobre una mesa; se alejó, por lo menos en sus dimensiones físicas, del antiguo impreso revolucionario, del folleto, el libelo o el pasquín de pequeñas dimensiones (en octavo o en dieciseisavo) que se leía furtivamente y se transportaba con facilidad en bolsillos o entre las ropas (Romano, 2020).
El Eco se propuso alcanzar una amplia difusión En todas sus ediciones anunció que las solicitudes de suscripción se recibían “en Canelones, en la Imprenta de la Provincia; en Maldonado, en la tienda de José Pintos Gómez; en Mercedes, en la administración del papel sellado; y en Buenos Aires, en la librería de don Jaime Marcet” (véase el mapa). No era usual que periódicos impresos en la Provincia Oriental captaran suscripciones en Buenos Aires, por lo que esta singularidad puede ser indicativa de fuertes contactos entre los editores y el círculo político-editorial porteño. Aunque desconocemos la cantidad de abonados, se sabe que cada número tuvo una tirada de 450 ejemplares (Pivel y Furlong, 1930, p. 63), cifra nada desdeñable para una publicación de su tiempo. Téngase presente que la población de Canelones rondaba las 500 personas, la de Maldonado se aproximaba a 1200 y la de Mercedes —sobre la que existen mayores dudas— era en cualquier caso inferior a 2000 en 1827 [Bonfanti, 2003; Frega, 2003 (1); Frega, 2003 (2)]. El ambiguo mensaje de despedida inserto en el número 11 hace pensar que los problemas financieros, y no solos políticos, pudieron ser una de las razones de la cancelación: “[el periódico] siente indicar […] que causas muy poderosas le impiden continuar sus trabajos […] Quizás alguna vez desaparezcan los inconvenientes […] y entonces El Eco volverá a ocuparse de los negocios públicos como hasta aquí”.18
Puntos de suscripción de <italic>El Eco</italic>: 1. Villa Mercedes; 2. Villa de Canelones; 3. Maldonado; 4. Buenos Aires. Se señala la ubicación de Montevideo (M) y Colonia del Sacramento (CS).
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(Fuente: elaboración sobre mapa mudo proporcionado por d-maps.com: https://d-maps.com/carte.php?num_car=5948&lang=es)
La mayor parte de los medios independentistas y republicanos tenían algunas características comunes. Una de ellas, antigua y muy habitual, era el uso de epígrafes que constituían una seña de identidad de la publicación. Algunos eran redactados por los propios editores (por ejemplo, en Miscelánea Oriental y El Guarda de sus Derechos) y otros eran citas textuales de obras prestigiosas de la Antigüedad greco-latina o, como en El Eco, de los siglos XVIII y XIX. Este aspecto tiene especial interés en nuestro caso. Los redactores seleccionaron un pasaje de De la justice criminelle en France, obra del jurista liberal Alphonse-Marie Bérenger (o Bérenger de la Drôme) publicada en 1818. A diferencia de otros encabezamientos publicados únicamente en su forma original, el de este periódico vino acompañado de la traducción correspondiente: “...Quand on veut le bien de son pays, on le fait si on le peut, ou on dit comment il faut le faire si on ne peut y contribuer ; et on ne regarde pas derrière soi. -Bérenger.” / “...Quien se interesa por el bien de su patria, o lo hace si tiene capacidad de obrarlo, o no teniéndola, muestra los medios de ejecutarlo sin mirar tras de sí”. Vale recordar que Bérenger se había posicionado contra el rebrote autoritario francés que en 1816 derivó en la disolución del Parlamento por parte de Luis XVIII. Apoyándose en los principios de Montesquieu, el letrado reclamó la independencia del Poder Judicial y pidió que jueces y abogados tuvieran mayor participación pública en la custodia de los principios constitucionales (Alexander, 2000, p. 35). Vista la situación política existente por entonces en la provincia y considerando el perfil de los hacedores de El Eco, la referencia resulta sugerente.
Uno de los editores, José Gabriel Ortiz de Ocampo (1798-1882), nació en una importante familia criolla de La Rioja. La abolición de mayorazgos y títulos nobiliarios decretada por la Asamblea General Constituyente en 1813 le llevó a reducir su apellido a “Ocampo”. Cursó estudios en Córdoba (Colegio de Montserrat y luego en la Universidad), graduándose en leyes en 1818. Instalado en Chile, fue Auditor de Guerra del Ejército del Sur (1820) y diputado ante la Asamblea Provincial de Santiago y el Congreso Constituyente. En 1824 asumió como secretario del Senado chileno, encargándose de redactar el Reglamento de Administración de Justicia. Su vida pública transcurrió entre la política y la docencia, hasta que en 1826 decidió volver a La Rioja, después viajó a Córdoba y por último a Buenos Aires, donde ejerció su profesión. Se mantuvo muy vinculado al círculo de simpatizantes de Rivadavia, lo que probablemente facilitó su traslado a la Provincia Oriental para asumir la presidencia del Tribunal de Apelaciones que la Junta de Representantes había creado en octubre de 1826, tras la disolución de los cabildos. Junto al gobernador Suárez fundó la Sociedad de Amigos del Orden, iniciativa muy acorde con una de sus convicciones ya que, según David Leiva (2011, p. 161-163), Ocampo sentía una “aversión instintiva hacia la anarquía”.
Nacido en el seno de una familia de larga trayectoria pública en Buenos Aires, Juan Andrés Ferrera (c.1789-1857) recibió una esmerada instrucción que culminó con el doctorado en leyes. Tras un pasaje por la Intendencia de Policía, en 1819, integró la primera sala de juristas de la recién fundada Universidad de Buenos Aires (1821). En 1822 fue alcalde del segundo cuartel de la capital porteña y en 1823 tuvo a su cargo el juicio contra los participantes en la llamada “Revolución de los Apostólicos”.19 Luego ocupó diferentes cargos dentro del gobierno bonaerense hasta que en 1826 se desempeñó en la secretaría de la legación de las Provincias Unidas en Estados Unidos, junto a Manuel Moreno. A su regreso, en 1827, se instaló en la Provincia Oriental para incorporarse al Tribunal de Apelaciones, donde coincidió con Ocampo.20
El montevideano Francisco Solano Antuña (1793-1858) comenzó su carrera política en 1813, aún bajo el dominio español, desempeñándose como oficial de Cuenta y Razón de Artillería. Durante la ocupación bonaerense de Montevideo (1814), trabajó en la Escribanía de Gobierno y en la etapa artiguista (1815-1817) pasó a la Secretaría del Cabildo. En 1818, ya con la ciudad tomada por los portugueses, ascendió a secretario de la corporación, cargo que conservó hasta 1824. Participó como co-redactor de Los Amigos del Pueblo (1823), semanario alineado con la gestión de Rivadavia. En ese contexto, se sumó al grupo de publicistas que bregaban por la expulsión de las fuerzas luso-brasileñas. En 1825 salió de Montevideo para sumarse a las fuerzas independentistas y continuar una proficua trayectoria burocrática. Fue secretario de la primera legislatura (1825-1826), jefe de Mesa de Hacienda (1826-1827), oficial mayor del Ministerio de Hacienda (en Buenos Aires) y secretario de Miguel de Azcuénaga en la misión enviada a Río de Janeiro al finalizar la guerra con Brasil (1829). Existen pocos datos sobre su formación educativa, pero se sabe que en 1834, a los 41 años de edad, se doctoró en leyes por la Universidad de Buenos Aires. Una anotación en su archivo personal sugiere que en enero de 1827 había abandonado la titularidad de la Inspección de Imprenta que ocupaba, como vimos, desde octubre del año anterior.21
Formación jurídica, experiencia en el desempeño de cargos públicos, estrechos vínculos con el poder político y marcada preferencia por el republicanismo de matriz unitaria unían a los tres personajes. Al menos uno de ellos, Antuña, tenía, además, antecedentes como papelista, actividad en la que había exhibido —vale tenerlo en cuenta— una marcada antipatía por el “anarquismo” de impronta caudillesca.22
Pasemos ahora a los contenidos de El Eco, en particular aquellos que refieren a su discurso sobre el momento político, el republicanismo y el constitucionalismo en clave independentista en el contexto de la guerra contra el Brasil.
La lectura de las 68 notas o artículos incluidos en el periódico y su clasificación temática muestran que, como consecuencia de la coyuntura bélica, las noticias y diferentes documentos relacionados con el ejército y la marina —proclamas, órdenes de servicio y partes de guerra— fueron tan numerosos como los textos de carácter político (en especial, debates sobre formas de gobierno y análisis de la situación institucional de las provincias), predominantes en la prensa de los tiempos revolucionarios. También hubo espacio para intercambios con editores de medios bonaerenses y para opiniones sobre los beneficios de la libertad de imprenta. Del mismo modo, la economía y la situación política de otras partes del continente también ocuparon espacios significativos.
El breve prospecto de una página, aparecido sin fecha, no hizo mayores anuncios sobre el plan editorial. Como era de estilo, hubo menciones a las motivaciones básicas de la publicación (“no anima a los editores otro interés que el general”), al desinterés material (“no es una especulación lucrativa sino una empresa de beneficencia pública”) y a ciertos objetivos típicos de la tradición periodística ilustrada y “civilizadora”: mejorar la sociedad, hacer que las personas conocieran sus derechos, combatir abusos, fomentar el desarrollo de la riqueza, examinar las dificultades y proponer mecanismos para solucionarlas. Sin embargo, no incluyó referencias geográficas o políticas concretas, ni alusiones a la provincia y sus problemas específicos, ni explicitó adhesiones o rechazos a individuos y sistemas de gobierno. Antes que eso, Antuña, Ferrera y Ocampo manifestaron su intención de “pronunciar imparcialmente [su] juicio” sobre “instituciones sociales”, sin más aclaraciones.23 Podría decirse, en términos simples, que este prospecto —en su aparente imparcialidad— bien pudo ser el “número cero” de cualquier otro órgano del momento.
Pero esta percepción cambia con la lectura del primer número, editado el 4 de marzo. Allí se transcribieron los primeros 30 artículos de la flamante Constitución, iniciando una publicación por entregas que se completó en las cinco ediciones siguientes. Los lectores pudieron acceder así a la totalidad del texto; el último fragmento, que contenía los artículos 182 a 191, apareció el 1° de abril, cuatro días después que la Junta de Representantes lo votara. El Eco anunció que haría un análisis detenido del articulado una vez que lo publicara en su totalidad, pero esto no ocurrió. No obstante, desde el comienzo situó el problema de la forma de gobierno en un punto preciso de su geografía conceptual: se trataba de decidir “si podemos pertenecer a nosotros mismos”, es decir, si la provincia estaba en condiciones de darse alguna forma de autogobierno republicano junto con las demás, “o si debemos corresponder para siempre al despotismo feroz o a la anarquía”, esto es, retornar a los malos tiempos de la monarquía o del caos revolucionario, al que la élite política oriental asociaba de manera indefectible con el pasado artiguista y federal24 (Caetano, 2013).
Para evitar alguna de esas recaídas, era imperioso que los diputados reunidos en la Junta reflexionaran como los individuos ilustrados que eran, y que los formadores de opinión desarrollaran un periodismo didáctico capaz de difundir, sobre todo en la población menos preparada, las ventajas y los problemas que cada forma de gobierno ofrecía.
La instrucción que se difunde por los periódicos es, sin duda, la más importante de las medidas para hacer avanzar las sociedades en la carrera de la civilización. [Un papel público] es de una adquisición más fácil que la de un escrito voluminoso, y puede, por este motivo, circular entre las clases indigentes de una población.25
El Eco, que en la ocasión actuó como periódico con “línea propia” pero también, y quizá, ante todo, como vocero de la Junta, editorializó en el mismo sentido. En sus páginas articuló reflexión política y análisis jurídico, aunque éste no alcanzó mayor extensión debido a la ausencia del prometido examen del texto expedido por el Congreso General. Al comentar el dictamen de la comisión parlamentaria encargada de analizar la Constitución, que recomendaba “su aceptación tal cual la ha sancionado el Congreso”26, los editores juzgaron “el profundo silencio [producido en sala] después de su lectura [como] un testimonio solemne e inequívoco que se dio al pueblo oriental de la conveniencia, respeto y convicción que les había inspirado el código fundamental”. Las primeras reacciones posteriores a la aprobación fueron de gran efusividad, con encendidos elogios a la “sabiduría del código” y a la “prudencia y patriotismo” de los diputados actuantes. Sus nombres estarían para siempre “asociado[s] al de la Patria, al de las Leyes, y al de nuestros más esclarecidos guerreros” que en los campos de batalla, lograban la independencia y las garantías de libertad y paz que la sociedad exigía para su desenvolvimiento.27
Más allá del tono celebratorio utilizado por El Eco en sus páginas, la aprobación por parte de la Junta se llevó a cabo en medio de discusiones sobre las que prácticamente nada dijo el semanario. Hubo diputados que suscribían las bondades del texto constitucional, pero se resistían a votarlo sin la presencia de la totalidad de los representantes elegidos (que por distintos motivos no concurrían en forma regular a las sesiones) o sin antes consultar a los habitantes de Montevideo y Colonia. Uno de estos legisladores, Alejandro Chucarro, dijo en sala que la Junta no estaba lo “bastante autorizada para adoptar la Constitución sin la concurrencia de los representantes que corresponden a los puntos ocupados por el enemigo, y a los que están libres y faltan hoy a este acto”.28
Sin detenerse en estos asuntos, y en un tono más reposado, pocos días después el periódico examinó el nuevo escenario. Fijó posición inequívoca en torno a la cuestión de la independencia y el necesario orden que el constitucionalismo consagraba. La siguiente cita es extensa pero muy ilustrativa al respecto:
Amaneció al fin para el Pueblo Oriental el día del orden, de las leyes y de la civilización. Después de tantos trabajos, después de tantas y tan remarcables desgracias, la constancia ha venido a coronar sus heroicos esfuerzos, dándoles una constitución sabia y benéfica, independencia y libertad. En los sitios mismos donde se hacía alarde de no pertenecer a la civilización, se adopta un código que pertenece exclusivamente al siglo de las luces; allí donde las formas se tenían como rasgos del orgullo, se admiten como necesarias a la existencia de una sociedad reglada; en el teatro de la anarquía, y sobre las ruinas del despotismo se erige y consolida el imperio del orden; a la arbitrariedad de los mandatarios se subrogan [sic] las garantías de los derechos del hombre consignados en la carta.29
En la capacidad ordenadora de la Constitución y en su poder de convocatoria (tan potente que penetraba “en los sitios mismos donde se hacía alarde de no pertenecer a la civilización”) estaba la clave del afianzamiento de la libertad y la independencia política. Para El Eco y los sectores identificados con su prédica no había opciones, y este aserto se convirtió en piedra angular de las fundamentaciones parlamentarias a favor de la aceptación. En efecto, el régimen de república “representativa consolidada en unidad de régimen” era, según el informe de la comisión, “la única forma adoptable en el estado en que se enc[ontraban] las más de las provincias que [iban] a constituirse”. Solo ella era “capaz de sacar a las provincias del estado de revolución [en] que se encontra[ban]”.30 Asimismo, un manifiesto dirigido a la población explicó que entre los principales argumentos para aceptar la Carta estaba la necesidad de dar por concluida la etapa revolucionaria después de varios años de “tiranía doméstica” (en otra evidente alusión al artiguismo) prolongados en la ocupación luso-brasileña, ese “extranjero astuto que nos hizo arrastrar sus cadenas por diez años”.31
En idéntico sentido se manifestó el autor de un texto publicado como carta de lector bajo el seudónimo “Un Montevideano”. Afirmaba que la nueva institucionalidad era un “bálsamo milagroso” que los pueblos necesitaban y que, “siendo unión y constitución nuestros únicos votos, orden y felicidad ser[ía]n los seguros resultados”. La interacción del par unión (de las provincias) – Constitución (unitaria) garantizaba el éxito indefectible de otro, orden–felicidad, propuesto en un registro liberal en el que ambas voces se asociaban con las garantías individuales, los derechos ciudadanos y el respeto por la propiedad. A renglón seguido, el firmante propuso una acepción “civilizada” de independencia, contrapuesta a otra de carácter “absoluto”:
Hemos adquirido […] gloria rompiendo dos yugos [el español y el luso-brasileño] a cuál más pesado, [pero no] para vivir en una independencia absoluta que únicamente puede gozar el hombre salvaje: el social debe vivir bajo el yugo de la ley, yugo indispensable sin el cual no hay seguridad, ni propiedad, ni tranquilidad, ni cosa alguna de las que constituyen la felicidad del hombre.32
El periódico intervenía como correa de transmisión entre los intereses y proyectos de la conducción política y una opinión pública a la que se concebía en pleno proceso formativo.33 En este plano, tanto las actas del Congreso General como las de la Junta de Representantes orientales confirman el alto grado de coincidencia entre los planteos parlamentarios y los periodísticos.34
El Eco también aportó información significativa sobre algunas celebraciones posteriores al 28 de marzo, que en algunos puntos de la provincia se unieron a homenajes tardíos al triunfo obtenido por las armas republicanas en Ituzaingó, el 20 de febrero. Uno de estos eventos fue organizado en Canelones, el día 3 de abril, por la Sociedad de Amigos del Orden. La cena-homenaje reunió a varios personajes destacados: el gobernador Suárez, el ministro Giró, diputados de actuación descollante en la Junta (Francisco Araúcho, Gabriel Pereira, el ya mencionado Francisco Muñoz), Ocampo como presidente de la Sociedad y también los otros editores del periódico. Según la crónica, casi todos los discursos rezumaron alegría y optimismo. Solo dos oradores, Giró y el maestro José Catalá y Codina (docente español, impulsor del sistema escolar lancasteriano o de ayuda mutua en la provincia) se refirieron a las críticas recibidas por la nueva Constitución. El primero dijo confiar en que las demás provincias pudieran “apreciar e imitar” el ejemplo oriental, y Catalá pidió que los principios del buen gobierno se hicieran sentir con eficacia “en las provincias disidentes” (sic por disidentes). Estos comentarios tenían su fundamento, puesto que para entonces ya se habían conocido los rechazos de Córdoba (enero) y Entre Ríos (marzo), a los que enseguida se sumarían La Rioja (abril) y Santa Fe (mayo).
A su turno, Ocampo trazó una breve reseña histórica de las ideas constitucionales y elogió el hecho de que la libertad se conquistara en tierras que “profanaron los Pizarros, Almagros y Valdivias”. Todas las experiencias vividas enseñaban que las nuevas generaciones deberían tener “siempre por divisa Independencia y Orden”. Ferrera intervino para elogiar efusivamente la independencia argentina y su desarrollo institucional, “obra perfecta de inteligencia humana”. Antuña, por su parte, destacó el papel de los ejércitos en todo el proceso revolucionario. Se refirió en particular a Lavalleja —cuya imagen era todavía positiva entre los allí presentes—, un guerrero llamado a ser “tan fuerte columna de la Constitución en la paz (y lo será, señores) como lo e[ra] del honor de la República en batalla”. Los intercambios de reconocimientos y salutaciones tuvieron lugar en un espacio cargado de parafernalia republicana. La descripción del salón es elocuente:
La mesa fue como de unos cuarenta cubiertos, y se presentó delicada y elegantemente vestida. A las ocho y media de la noche se ocuparon los asientos […]. La sala estaba ricamente iluminada, y en toda ella reinaban los colores favoritos de la República; sobre el asiento del Presidente [Ocampo] estaba colocada la bandera nacional, y en el centro de la mesa se leían sobre una vistosa columna, y alrededor de ella, las voces consoladoras Viva la Constitución, Viva el Congreso General Constituyente, Viva el Gobierno de la Provincia Oriental, Viva la Sala de Representantes. Al tomar los asientos se hallaron los convidados en su cubierto una cucarda bicolor, y la reunión empezó adoptando cada uno por divisa la nacional. […].35