El objetivo general de este artículo es ofrecer una panorámica sobre el desarrollo de la prensa cubana durante las dos primeras décadas del siglo XIX y, más específicamente, durante el primer período de vigencia del régimen constitucional gaditano. En estos años (1811-1814) la Constitución de Cádiz garantizó el ejercicio de la libertad política de imprenta, dando lugar a la verdadera eclosión de la prensa y el periodismo moderno en la isla y en todos los territorios en los que estuvo vigente. A lo largo de las siguientes páginas examinaremos el impacto del régimen constitucional en la prensa insular, así como la estrecha interdependencia entre esta y los nuevos espacios y actores políticos del régimen constitucional.

En 1810, con la mayor parte del territorio peninsular español ocupado por las tropas napoleónicas y el rey Fernando retenido en Francia, una reunión inédita de representantes de los territorios europeos y americanos de la monarquía, constituidos en Cortes, se reunió en la bahía de Cádiz, se autoproclamó depositaria de la soberanía nacional y asumió un carácter constituyente. Durante casi dos años se prolongaron los debates hasta que el 19 de marzo de 1812 promulgaron la Constitución Política de la Monarquía Española. El texto comenzó su andadura irregular y fluctuante desde entonces, promulgándose en aquellos territorios no controlados por los franceses en la Península y en aquellos americanos que permanecían bajo soberanía española. Entre 1810 y 1814, fecha en la que rey disolvió las Cortes y anuló la Constitución, Cádiz se convirtió en el epicentro de la política española “patriota” y el eje fundamental de las disputas políticas en las filas antinapoleónicas se dio entre los partidarios del liberalismo y de la Constitución de un lado y los partidarios legitimistas del poder absoluto de la monarquía y de los derechos del rey Fernando por otro.

En Cuba, territorio que se mantuvo bajo soberanía española durante todos aquellos años y en el que no se vivió ninguna experiencia revolucionaria relevante que pusiese en peligro el estatus quo, la Constitución se aplicó plenamente por parte de las autoridades. A pesar de ello, el impacto de la Constitución española de 1812 en la isla de Cuba es un tema olvidado por la historiografía tradicional cubana y no contó con la misma suerte historiográfica que tuvo la temática en otros territorios americanos y españoles a partir de la celebración de los respectivos bicentenarios de la Guerra de Independencia española, del inicio de las luchas independentistas en Hispanoamérica y de la promulgación de la propia constitución. La historiografía nacionalista lo ha desdeñado -con algunas notables excepciones- como un asunto ajeno a la tradición nacional, por tratarse de una constitución fraguada en España, y la historiografía española del período no la ha abordado con la trascendencia que merece, posiblemente por la ausencia de una experiencia revolucionaria independentista en la isla. Afortunadamente, en las últimas dos décadas han aparecido algunos trabajos que han puesto el foco en la importancia y radicalidad de la que fue la primera experiencia constitucional cubana, como parte integrante del proyecto de nación española esbozado por las Cortes de Cádiz.

Estos estudios, muy poco numerosos en relación con el interés editorial que ha tenido la temática en otras latitudes, han abordado, desde la perspectiva de la historia constitucional, los aspectos normativos del nuevo régimen y su impacto jurídico y político sobre la isla y, desde la perspectiva de la historia política, la adaptación de la norma constitucional al contexto cubano, la puesta en marcha del régimen liberal y su impacto en los equilibrios de poder local. La primera historiadora que propuso una aproximación general fue Olga Portuondo, autora de la que es, hasta la fecha, la única monografía sobre el impacto de la Constitución de Cádiz en Cuba. Se trata de su Cuba: constitución y liberalismo (1808-1841), publicado en dos tomos en 2008, justo en el comienzo de los festejos de los bicentenarios. Se trata de una obra de innegable valor, aunque centrada fundamentalmente en la parte oriental de la isla. La labor de Portuondo se ha visto complementada en los últimos años por las aportaciones del historiador canario Manuel Hernández y por la de los propios autores de este artículo, así como otras que aparecerán citadas a lo largo del trabajo.

Entre los temas que más han llamado la atención de los investigadores en relación con las experiencias constitucionales están la prensa y la formación de la opinión pública. En los últimos años han aparecido múltiples publicaciones sobre los primeros ensayos de la prensa moderna en España. Los dos espacios de mayor interés han sido el Cádiz de las Cortes y el Madrid del Trienio, por los ser los de mayor concentración de publicaciones, pero también por ser los espacios en los que la relación entre la prensa y el poder político se dio con más intensidad. A partir de esos núcleos de interés, han aparecido también importantes estudios sobre el fenómeno periodístico liberal en territorios y ciudades más distantes, evidenciando la importancia que tuvo también a nivel local.

Para el caso cubano contamos con algunos estudios generales, que abordaron el surgimiento y evolución de la prensa cubana colonial, como los ya muy antiguos de Antonio Bachiller y Morales y Carlos Trelles y el más reciente de Juan José Sánchez Baena (El terror de los tiranos. La imprenta en la centuria que cambió Cuba (1763-1868)), pero sin dudas el más exhaustivo para este período sería la monografía Children of Colonial Despotism. Press, Politics and Culture in Cuba, 1790-1840 del norteamericano Larry Jensen. Además, existen algunos trabajos puntuales sobre periódicos y escritores de la época, que aparecerán citados en estas páginas.

En la Península la guerra contra los franceses había abierto un período fructífero para las publicaciones, al punto de que algunos autores hablan de una libertad de imprenta de facto desde 1808, sin garantías jurídicas (La Parra López, 1984, s/p). A pesar de las restricciones, el vacío de poder había facilitado la proliferación de publicaciones desde 1808. Esta nueva prensa fue el vehículo preferente para la trasmisión de ideas y discursos y la forjadora de la opinión pública en España. Primero fue el altavoz de las nuevas autoridades patriotas, pero, progresivamente, y en particular a partir del Decreto de 1810, alcanzó un alto grado de autonomía y complejidad, como foro de intercambio y confrontación entre las autoridades, los escritores y el público general (Hocquellet, 2003; Fernández Sebastián, 2000). Los debates previos a la aprobación del decreto revelaron el papel central que los liberales otorgaban a las libertades, y específicamente a la libertad de imprenta, como remedio necesario a los males de España. El encargo de la prensa debía ser, en la mentalidad de los liberales, librar a España de la arbitrariedad del despotismo, ilustrar a la nación y ser el medio de expresión y reconocimiento de la opinión pública2. Estos primeros liberales, entre los cuales se contaban los entusiastas protagonistas de la “hemerosfera”, recogían una tradición de pensamiento forjada desde las últimas décadas del XVIII sobre todo en Francia, que asignaba a la opinión pública “poderes casi taumatúrgicos” (Fernández Sebastián, 2003, 553) que debían conjurarse para salvar a España.

La confianza que profesaban los liberales por la opinión pública no era, sin embargo, compartida por todos los actores políticos de la época. Los posicionamientos iban desde el carácter restrictivo que le otorgaban los representantes más destacados del pensamiento ilustrado clásico, para los que la opinión pública se circunscribía a la de un selecto grupo de escritores públicos; hasta la defendida por los reformistas más radicales, que identificaban público y pueblo, equiparando opinión pública y voz del pueblo. Los debates en las Cortes constituyentes demostraron que la cuestión de la libertad de prensa sería una de las más polémicas del período y que no contaba con el apoyo de los diputados más conservadores. Así se demostró en la votación del decreto, que fue aprobado finalmente por 68 votos a favor y 32 en contra (Fuentes y Fernández Sebastián, 1997, p. 49-50).

Entre los aspectos más relevantes de la nueva ley o reglamento, como también se le llamó, se encontraban el reconocimiento de la libertad de publicación de pensamientos e ideas políticas como un “facultad” individual, la supresión de la censura previa y la eliminación de cualquier diferenciación estamental respecto a dicho derecho (lo cual incluía a los religiosos en tanto publicasen sobre asuntos “políticos”). La permisividad explícita y vaga respecto a los asuntos políticos contrastaba con la exclusión de los asuntos religiosos – que se mantenían sometidos a la censura previa. Además de los límites sobre los asuntos relativos a la religión, el decreto estableció como delitos de imprenta la publicación de libelos infamatorios, escritos calumniosos, los subversivos de las leyes fundamentales de la Monarquía y los licenciosos y contrarios a la decencia pública y buenas costumbres. Respecto a estos delitos tipificados, el decreto estableció responsabilidades individuales e idénticas para autores e impresores (Álvarez Junco y De La Fuente Monge, 2009, p. 153-154).

Otro aspecto cardinal de esta primera ley de libertad de prensa española fue la creación de juntas para el enjuiciamiento de los delitos de imprenta. Las Cortes nombrarían a los vocales de la suprema y estos a su vez a los vocales de cada una de las juntas provinciales. En ambos casos quedaba claro el carácter oficial de estos tribunales, lo cual fue objeto de polémica entre los diputados y dio pie a no pocos abusos por parte de las autoridades. El proceso debía iniciarse con la imposición de una denuncia a las autoridades, que debían tramitarla ante la correspondiente junta provincial de censura. Esta junta debía valorar la presunta infracción y decretar la recogida de los escritos en caso de hallarlos delictivos. Únicamente cuando se estimasen “injurias personales” en el escrito, el texto sería recogido y enviado a las autoridades judiciales. En cualquier caso, los escritores e impresores podían apelar las decisiones de las juntas provinciales ante la Junta Suprema de Censura (Ibidem, 155).

Con algunas modificaciones posteriores, resultado de la labor legislativa de las Cortes, el Decreto IX de 1810 estableció las bases del ejercicio de la libertad de prensa en España hasta la restauración absolutista de 1814. La Constitución no introdujo novedades al respecto, salvo por “elevar la libertad de imprenta al rango de principio fundamental del Estado” (Ibidem, 162). La consecuencia inmediata de la nueva legislación que daba garantías a escritores y editores fue el aumento considerable del número de publicaciones en la España no controlada por los josefinos.

Existen varias investigaciones que intentan cuantificar el alcance de la libertad de imprenta en España en sus primeros albores. Aunque no coinciden en las cifras totales, todos confirman que hubo un auténtico boom periodístico en España entre 1810 y 1814. Álvarez Junco y Gregorio de la Fuente Monge hablan de 279 periódicos en la zona regida por los patriotas entre 1810 y 1814 y unos 25 en la zona josefina (Ibidem, 177). Gil Novales, mucho más generoso, recoge un repertorio de 606 periódicos en la Península incluyendo ambos bandos, a los que suma unos 37 para América y Filipinas, aunque aclara que se trata de un listado representativo y no exhaustivo (Gil Novales, 2009). Juan Francisco Fuentes y Javier Fernández Sebastián, menos exhaustivos en cuanto al recuento, hablan de “casi tres centenares de papeles periódicos” en la España insurgente y “más de una veintena” en el territorio josefino (Fuentes y Fernández Sebastián, 1997, p. 55).

Ligado a este crecimiento cuantitativo estuvo también el mayor desarrollo de las disputas políticos a través de los periódicos, complementando y a veces alimentando los debates que se daban en las Cortes. Pronto la prensa dejó de ser un altavoz del patriotismo antifrancés y de la crítica a los afrancesados colaboracionistas y se convirtió en claro reflejo de los mismos disensos que se daban en las Cortes. A saber, la división entre reformadores y conservadores, entre liberales y absolutistas, pero sin las ataduras que constreñían los enfrentamientos parlamentarios. Así, la prensa pasó a ser el principal medio de instrucción política para una población sumamente politizada y polarizada, dentro del cerco de Cádiz y en todas las ciudades y villas a las que se fue irradiando progresivamente (Cantos Casenave; Durán López; Romero Ferrer, 2008).

Este ecosistema político, cumplimentado por las tertulias, los teatros y los templos, se dio sobre todo en la ciudad de Cádiz, verdadero epicentro de la vida política española y núcleo irradiador de las nuevas formas políticas. Álvarez Junco y Gregorio de la Fuente Monge cuentan 77 periódicos en la ciudad (Álvarez Junco y De La Fuente Monge, 2009, 177), mientras que Fuentes y Fernández Sebastián aluden a más de 60 títulos (Fuentes y Fernández Sebastián, 1997, p. 55). Fue allí donde la prensa se elevó desde el papel de un mero canal de comunicación entre el pueblo y el poder a la posición de un auténtico actor de la política, en un “diputado de papel” (Durán López, 2008, p. XX). Más tarde, a partir de 1814, el traslado de las Cortes a Madrid propició la “deslocalización” de algunas de las cabeceras gaditanas más influyentes de los años anteriores y de sus editores. Así, la capital pudo experimentar por un breve período del “reinado de la opinión pública” que se había forjado en Cádiz en los años anteriores (Ibidem, 178. Sánchez Hita, 2008, p. 84-88).

El decreto de libertad de imprenta llegó a Cuba cuando ya se habían dado los primeros pasos en la ruptura con el viejo modelo periodístico. Desde finales del siglo XVIII y, con mayor fuerza desde principios del siglo XIX, la sociedad habanera venía asistiendo al nacimiento de una modesta pero sostenida actividad periodística. Además de la publicación de documentos oficiales y religiosos, en La Habana proliferaron los papeles costumbristas o sobre temas de historia, geografía, mineralogía y avances científicos, generalmente promovidos por la Sociedad Patriótica o Económica de La Habana, establecida en 1793 y la manifestación más clara del ‘despertar cultural’ que se advierte en Cuba en esa década final del siglo ilustrado, en buena medida como consecuencia de fuerte crecimiento poblacional y económico que experimentaba entonces la Antilla, especialmente su capital, La Habana (Amores Carredano, 2014).

El origen de la prensa cubana se sitúa en 1764 con la aparición ese año de forma simultánea del Diario de Avisos y del periódico El Pensador, ambos en La Habana. No se han conservado ejemplares de ninguno de los dos títulos, solo noticias indirectas recogidas por otras fuentes (Vilar Ramírez, 1996, 338). También en aquellos años posteriores a la ocupación inglesa están datados los primeros ejemplos conocidos del “noticierismo manuscrito” en la isla. Se trata de ejemplares sueltos que contienen noticias elegidas por uno o varios autores anónimos y presumiblemente redactadas por manos distintas, la mayor parte de las cuales eran relativas a la alta sociedad habanera, incluyendo también referencias a ascensos y destinos militares en la plaza (Amores Carredano, 2017).

Pero el nacimiento de la prensa está estrechamente ligado al establecimiento de la imprenta y al nacimiento de redes en torno a ella. Hablamos de impresores, redactores, editores, suscriptores, vendedores, repartidores, censores y, quizás lo más importante, lectores y oyentes de las publicaciones (González-Ripoll, 2013, p. 2). La imprenta llegó a Cuba de forma tardía, en la segunda década del XVIII, casi doscientos años después de que se asentara en México. La producción editorial habanera comenzó a tener cierta relevancia en la segunda mitad de la década de 1780. A pesar de lo mucho que se ha escrito al respecto, existe una cierta confusión sobre la primera historia de la imprenta en La Habana: se habla generalmente de cuatro imprentas antes de 1800, cuando en realidad debieron ser únicamente dos: la de Francisco José de Paula, primera que se estableció, en 1735, regentada desde 1776 por Esteban José Boloña con título de impresor de la marina3; y la de la capitanía general, creada por el gobernador Güemes Horcasitas (1736-1744), que desde 1754 quedó a cargo de Blas de los Olivos y heredó en 1781 su yerno, el mallorquín Francisco Seguí, ambos dos empleados de la intendencia de ejército4.

En 1777 se prohibieron las imprentas particulares, y un anuncio del Papel Periódico, del 17 de abril de 1800, habla de la existencia de sólo dos imprentas, la de Francisco Seguí y la de Boloña (Bachiller y Morales, 1859, 3-10). Para 1800 sabemos de la existencia de una tercera, la del mallorquín Pedro Nolasco Palmer, donde se edita uno de los primeros periódicos, La Aurora. Correo político-económico de La Havana. Hacia 1814, en pleno auge del nuevo periodismo político, La Habana contaba ya con cuatro oficinas de imprenta5. En 1792 Matías Alqueza fundó la primera casa impresora en Santiago de Cuba (Fornet, 1994, p. 13)

En 1782 apareció la Gazeta de La Habana, de corta vida, y en 1790 el Papel Periódico de La Habana, ambos bajo el auspicio del gobierno (Bachiller y Morales, 11-21)6. En 1793 el capitán general Luis de las Casas, para garantizar su financiación y continuidad, entregó a la recién constituida Sociedad Económica de La Habana la propiedad y administración del ya por entonces señero Papel Periódico, así como el control de la censura secular (Quinziano Franco, 1999). Jensen atribuye esta sesión a motivos financieros, pero también era una muestra más de confianza por parte de la autoridad colonial hacia la elite habanera –hacendados ilustrados, comerciantes, letrados, catedráticos, militares– siempre privilegiada por la corona, y más aún en estos años en que se inician tiempos de revolución7.

A partir de 1800, al Papel Periódico le salieron competidores que no dependían directamente de la Sociedad Económica, aunque se mantenían bajo su amparo y el de la capitanía general. La muerte del controvertido José de Trespalacios, primer obispo de la recién creada diócesis de La Habana liberó a los editores del Papel Periódico del control de la censura eclesiástica (Jensen, 1988, 12-16)8. Con el nuevo siglo irrumpieron El Regañón de La Habana (1800), publicado en la Imprenta del Gobierno; el Aurora: Correo: Correo político-económico de La Habana; y el efímero La Lonja Mercantil de La Habana. Poco más tarde surgirían El Criticón de La Habana (1804) y El Filósofo de La Habana (1805). Este último año, en Santiago de Cuba, la prensa periódica dio sus primeros pasos fuera de La Habana con la aparición de El amigo de los Cubanos (Vilar Ramírez, 1996, p. 338-339; Jensen, 1988, p. 13). La mayoría de estos nuevos títulos tuvieron una corta vida, que no sobrepasó el crucial período que se abrió en 1808. A pesar de ellos, demuestran el creciente y variado interés de las clases más acomodadas por la información actualizada y por las novedades científicas y culturales de la época. Quien quizás expresó con mayor claridad estas necesidades fue un suscriptor del Papel Periódico que ya en 1791 se quejaba al editor de la siguiente manera:

Este panorama de colaboración en torno a la prensa entre la oficialidad colonial, la élite local representada en la Sociedad Económica e incluso la jerarquía eclesiástica con la llegada del nuevo obispo, el ilustrado Díaz de Espada, se prolongó hasta la crisis de 1808. Esto permitió el control absoluto de la información sobre los sucesos de España y sus consecuencias en América. El inicio de la guerra en España también marcó en Cuba una nueva etapa para la prensa, en la que a las tradicionales temáticas se sumó la propaganda patriótica anti-napoleónica, pero bajo la promoción y el control estricto de la información por parte de las autoridades (González Ripoll, 2014; Sánchez Baena, 2009b, p. 97-100).

Sin embargo, a pesar del control, la apertura de la prensa a los asuntos políticos rebasó la homogeneidad del período inmediato anterior y los límites de la propia prensa oficial. La división existente en el seno de las élites, expresada con rotundidad en el fracaso del proyecto para establecer una Junta de gobierno en 1808 en La Habana, saltó al espacio público a través de anónimos y proclamas que circularon por la ciudad en aquellos meses cruciales. Los textos, de signo conservador, llamaban también a la movilización patriótica para sostener la lucha contra los franceses, pero, a la vez, contenían una crítica velada a la acción de las autoridades y de los sectores reformistas de las élites en el proyecto juntista y una defensa a ultranza del absolutismo (Vázquez Cienfuegos, 2013).

A partir de 1809, arreciaron las dudas sobre la suerte de España y creció el interés de la población cubanapor el avance de las campañas en Europa. En ese contexto nació un nuevo periódico, El Mensajero Político Económico-literario de La Habana, con el objetivo de animar el espíritu patriótico y contribuir a la causa española (Jensen, 1988, p. 20-21). La desaparición del resto de cabeceras que habían surgido con el siglo hizo que, a la altura de 1810, en Cuba solo circularan dos periódicos, el decano y oficial Papel Periódico, y el nuevo Mensajero, en claro contraste con lo que sucedía en España.

La estrecha dependencia de la prensa hacia las autoridades duraría poco, merced a los cambios que se estaban produciendo en Cádiz. Como era costumbre, debido al ingente tráfico de navíos en el puerto habanero, las noticias llegaban a la ciudad mucho antes de que lo hiciesen las órdenes oficiales y ese desfase preparaba los ánimos. En este caso, desde finales de 1810 ya circulaban los rumores sobre la aprobación por las Cortes del decreto de libertad de imprenta y algunos especulaban sobre los beneficios de su implantación en la isla. El Diario de La Habana publicó finalmente el texto el 21 de enero de 1811, sin contar con la autorización oficial. A partir de esta publicación, y sin esperar a la promulgación oficial, aparecieron periódicos como El Hablador, impulsado por Manuel de Zequeira y Arango y Nicolás Ruiz y El Lince, de la mano de Domingo Mendoza y José Agustín Caballero. Todos ellos eran prominentes hombres de letras de la ciudad, vinculados a la Sociedad Económica y a través de sus periódicos publicaron casi únicamente las noticias sobre la guerra peninsular y el avance de las fuerzas napoleónicas, junto a las que llegaban de la insurrección en México y otras de la situación internacional. Se dejaron de publicar en 1812 (Sánchez Baena, 2009a, p. 96; Jensen, 1988, p. 26-27).

La noticia oficial del decreto libertad de imprenta no llegó hasta el 18 de febrero. A diferencia de lo que ocurrió en otras capitales americanas como México o Lima, el capitán general marqués de Someruelos decidió promulgarlo tras consultar a la audiencia territorial sobre el nombramiento de una junta interina de censura (Vázquez Cienfuegos, 2013)11. La decisión de Someruelos, por tanto, podría interpretarse como un deseo de no comprometer la legitimidad del nuevo régimen español, pero tampoco la suya propia. Como se ha visto anteriormente, la promulgación del decreto respondía a una demanda de la sociedad habanera, que desde principios del siglo venía asistiendo al nacimiento de una modesta pero incesante actividad periodística.

El primer aspecto que llama la atención de los pocos historiadores que se han acercado al fenómeno de la imprenta cubana, es la multiplicación de periódicos y demás publicaciones que circularon por La Habana durante los años de vigencia del decreto, en comparación con los períodos anteriores. Con retraso respecto a España, se produjo la explosión de la prensa que se había dado allá desde el inicio de la guerra contra los franceses. Larry Jensen recoge un total de 23 títulos que circularon entre 1811 y 1814, cifra que debemos tomar como mínima aceptable, teniendo en cuenta que otras publicaciones, recogidas por otros autores, no aparecen en el listado de Jensen12.

Las cifras globales, realmente impresionantes en comparación con el período anterior y también con otros territorios, esconden un fenómeno muy característico de estos primeros tiempos de la prensa, que fue la desigual duración entre los proyectos. El entusiasmo inicial motivó la aparición de empresas editoriales que no contaban con las condiciones para sobrevivir a la competencia en un mercado de la impresión y lectura caro y cada vez más saturado. A pesar de esto, si realizamos una lectura sincrónica del ciclo de vida de los periódicos, observamos que, sólo en La Habana y en 1811, habrían circulado simultáneamente unos ocho títulos. Para 1812 y 1813 habrían aumentado a 11 y en 1814 aún se mantendrían nueve (Jensen, 1988, p. 28). Estos datos nos permiten afirmar que en La Habana se formó un auténtico ecosistema de periódicos al amparo de la libertad de imprenta decretada por las Cortes. A juzgar únicamente por las cifras, ese ecosistema habanero superó el de las grandes capitales virreinales como México y Lima13, aunque no fue comparable al del Cádiz de las Cortes14.

Tan importante como la multiplicación de títulos en La Habana, fue la extensión al resto de la isla de las imprentas y de la prensa periódica. Antes de 1811, fuera de La Habana solo había habido un intento por crear un periódico (El amigo de los cubanos en Santiago de Cuba) y tuvo una vida muy corta. En cambio, entre 1811 y 1814 aparecieron al menos cuatro títulos en Santiago de Cuba, al menos tres en Matanzas y uno en Puerto Príncipe (El Espejo, aparecido en 1814) (Jensen, 1988, p. 28). Estas cifras se refieren solamente a publicaciones impresas periódicas, pero las fuentes nos permiten corroborar que junto a estas proliferaron los panfletos y proclamas sueltos, ya fuese impresos o manuscritos15. Así, las casas impresoras, que habían comenzado su andadura a principios del siglo, pudieron afianzarse y multiplicarse gracias al boom de la prensa y la figura de los impresores se hizo más conocida en la vida pública.

A los ya mencionados Olivos-Seguí, Boloña, Palmer y Alqueza, se unieron en los primeros años del siglo XIX otro Seguí, nieto de Blas de los Olivos, que estableció una casa en Puerto Príncipe, y Francisco Camero, que hizo lo propio en Matanzas. En La Habana, después de decretada la libertad de imprenta, surgieron los talleres de José Arazoza y José Soler, el de Antonio José Valdés, el de Juan de Pablo, el de Antonio Gil y la Imprenta Liberal de Tiburcio Campe; aunque, como se advirtió ya, en 1814 sólo quedaban cuatro de éstas. En 1820 Cristóbal Murtra fundaría en Trinidad la cuarta imprenta fuera de La Habana a la cual se sumarían la Imprenta de la Constancia, de Juan Justo Jiménez, en Matanzas, que publicaba el Semanario de Matanzas y, en Puerto Príncipe, la Imprenta Patriótica de José Minuese, que publicaba el Instructor General Periódico de Puerto Príncipe. En La Habana del Trienio surgió además la Imprenta del Comercio de José María Valdés, y otras más efímeras (Fornet, 1994, p. 29-30; González-Ripoll, 2013, p. 3; Sánchez Baena, 2009b, p. 102).

Estas casas o talleres de imprenta jugaron un papel fundamental en la difusión de las ideas y en la formación de la opinión pública, pues su labor no era exclusivamente la de imprimir. En las oficinas confluían los artesanos de la impresión con escritores, remitentes de escritos, noticias y anuncios, agentes del gobierno y de otras instituciones que trasmitían información y, finalmente, compradores, suscriptores a obras propias y foráneas, etc. El taller era también “librería, papelería, puesto de periódicos y mentidero […] lugar de referencia y reunión” en la ciudad (Fornet, 1994, p. 40).

La profusión de títulos refleja el entusiasmo con que fue acogido en la isla el “Decreto de libertad política de la imprenta”. La prensa, hasta entonces monopolizada por el gobierno y la élite criolla, y con una orientación oficialista, se abrió a varios sectores críticos, excluidos de las principales instituciones del poder colonial. Imbuidos en la retórica liberal anti-absolutista de los periódicos gaditanos, muchos escritores hasta entonces desconocidos tomaron la pluma para criticar duramente el despotismo de los gobernantes. A diferencia de las temáticas típicamente ilustradas que habían caracterizado al primer período de la prensa habanera, e incluso de las soflamas patrióticas de 1808, en la prensa de 1811 se abrió paso un fuerte clamor contra el absolutismo, acompañado de un declarado entusiasmo constitucional16.

Las dos figuras más notorias del período fueron el clérigo Tomás Gutiérrez de Piñeres y el escritor Simón Bergaño y Villegas, ambos originarios de Cantabria. Tanto fue así, que Jensen señala con acierto que el impacto de los ataques de Piñeres y las polémicas de Bergaño ensombrecen ante los historiadores el alcance real que tuvo la aplicación del decreto (Jensen, 1988, p. 36). Piñeres había llegado a la isla en 1793 como secretario del primer obispo de la nueva diócesis de La Habana, José de Trespalacios, gracias a su parentesco con Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, consejero de Indias y encargado de los intereses de la Real Compañía de La Habana y la de las Filipinas. Trespalacios, que mantuvo una relación conflictiva con el gobernador Las Casas y con la elite habanera, fue acusado por el intendente José Pablo Valiente de ser un auténtico agente comercial y financiero de los intereses peninsulares en la isla (Fernández Mellén, 2014, p. 56-57). Bergaño había llegado a La Habana después de 1809, expulsado de Guatemala, donde había sido editor de la gaceta de aquella ciudad. Llegó precedido de su fama de sarcástico librepensador y acompañado de su experiencia de varios años como escritor y editor (Hernández González, 2022, p. 87-104).

Ambos, Piñeres y Bergaño, representaron las posiciones más exaltadas y a la vez antagónicas durante el primer período constitucional, y promovieron a través de sus escritos una interpretación radical de la Constitución, convirtiéndola en ariete contra supuestas arbitrariedades. Inspirados en su lenguaje provocador y satírico, los periódicos y panfletos de la época se llenaron de denuncias, “rastrillazos” y “letrillas” contra los abusos que se cometían en la cárcel, contra determinadas prácticas de la capitanía del puerto, la intendencia o la factoría de tabacos; pero también contra destacados miembros de la élite habanera y, en muchos casos, contra individuos apenas conocidos por la historiografía, que eran señalados con motivo de sus prácticas profesionales y privadas. Como el propio Jensen resalta en su libro, solo en apariencia esas confrontaciones (a día de hoy indescifrables en sus detalles, muchas de ellas) fueron estrictamente personales o permanecieron en el ámbito particular.

Gutiérrez de Piñeres publicó entre 1811 y 1814 treinta “declamaciones” contra el despotismo del poder judicial en la isla. Bergaño, por su parte, protagonizó encendidas polémicas con los elementos más conservadores de la sociedad criolla, debido al anticlericalismo de sus escritos y a los sucesivos ataques que dirigió a la Factoría de tabacos y sus empleados. pero también a regidores constitucionales, autoridades locales como capitanes de partidos, alcaldes de barrio, comisarios de policía e incluso comerciantes y artesanos.

Piñeres y otros destacados polemistas del período eran peninsulares y cercanos a los comerciantes de la Muralla, que es el nombre con el que se conocía en La Habana al grupo de comerciantes peninsulares, asentados allí, pero con vínculos muy importantes con el comercio monopolista de Cádiz (Hernández González, 2019, p. 255). La influencia del comercio monopolista en La Habana era escasa y había sufrido varios reveses en los últimos años, debido a las medidas liberalizadoras del comercio defendidas por la oligarquía y sostenidas por las autoridades (Amores, 2024, p. 11). Por ello, frecuentemente la historiografía ha interpretado que este grupo de escritores estaban al servicio de los intereses monopolistas y, por tanto, de las posiciones colonialistas más reaccionarias, que vieron en el nuevo régimen la oportunidad revertir la hegemonía de la élite criolla (Guerra Vilaboy, 2013, p. 484).

Sin embargo, y en línea con lo que acertadamente han propuesto otros historiadores, hay que prestar atención también al efecto que estas críticas tendrían entre determinados grupos populares de la ciudad y que veían con recelo los privilegios de que gozaban la élite aristocratizada y sus clientelas (Piqueras, 2007, p. 62). Como se verá más adelante, estas críticas consiguieron movilizar especialmente a las huestes de inmigrantes que habían llegado en la última década a la ciudad, desde Europa, pero también desde América, una vez que el sistema tradicional del comercio atlántico entró en crisis con motivo de la guerra con Inglaterra desde 1796. Sin embargo, no se pueden descartar tampoco los efectos que habrán tenido también entre los libres de color, los criollos de extracción más baja o incluso los esclavos (Suárez, 2011, p. 48). Las sonadas críticas de Piñeres, basadas en una interpretación más o menos radical de la Constitución y de las nociones de soberanía nacional que se discutían en Cádiz, habrían tenido un impacto notable no solo en esos sectores populares de La Habana sino también, a juzgar por algunas referencias que aparecen en las fuentes, entre los habitantes de otras poblaciones de la isla, por las que también circulaban ejemplares de los periódicos habaneros (Carrera y Jústiz, 1905, p. 179).

Figuras como el capitán general Someruelos, el conde de O’Reilly, Francisco Arango y Parreño o incluso el obispo Díaz de Espada, se convirtieron en blanco frecuente de críticas y sátiras en la prensa y en las páginas sueltas y panfletos, a las cuales respondieron aquellos con denuncias ante el tribunal de censura y tachando a sus adversarios de libelistas. En no pocas ocasiones tomaron también la pluma para dirigirse a sus críticos en los mismos términos que estos empleaban en sus escritos. Se generó así un ambiente que causó consternación entre las élites y las autoridades, asustadas ante los efectos “corrosivos” que la nueva prensa tenía entre la población.

Es por ello que, a la vez que daban en público su apoyo a la libertad de prensa, promovieron la publicación de numerosos escritos sobre los perjuicios que esta tenía si no se encauzaba correctamente y sobre la responsabilidad de los escritores públicos. Este debate, quizás el más sustancioso que se dio en el período, se enriqueció con la aparición de una prensa afín a las élites, cuyo principal cometido era denunciar a los críticos calificados de libelistas, sostener las virtudes de la moderación y hacer apelaciones constantes a la unidad como única garantía de estabilidad y progreso de la riqueza (Jensen, 1988, p. 41).

Apenas un año después de proclamada la libertad de imprenta, se apreciaban en La Habana comenzaron algunos de los síntomas de la “diarrea de las imprentas”, esa “epidemia”, que una ya célebre voz anónima, escondida tras el pseudónimo “doctor Pedro Recio de Tirte Fuera”, diagnosticó en Cádiz poco después de la entrada en vigor del decreto. Con la misma sorna que el gaditano Tirte Fuera, el habanero “Hablador”17 nos legó un fragmento muy elocuente que describe el panorama de la prensa apenas un año y medio después de que entrara en vigencia el decreto:

Manuel Zequeira, miembro destacado de la aristocracia criolla, vinculado desde su fundación a la Sociedad Patriótica y fundador del primer periódico habanero no oficial, nos muestra a través del Hablador la perplejidad que reinaba entre las élites criollas, incluso entre los sectores más ilustrados, ante la evolución de la prensa. Su crítica a la charlatanería y al abuso de la libertad de imprenta es evidente, pero el fragmento nos permite entrever otros aspectos no menos relevantes del panorama de la época. Además de la profusión de medios a la cual ya nos hemos referido y al carácter esencialmente polémico de esta primera etapa de la prensa “libre”, cabe destacar la emergencia de un auténtico foro de discusión pública, al cual se habían desplazado los debates. Zequeira acuña los términos de “gacetear” y “diarizar” para conceptualizar la creación de una esfera pública de opinión, marcada además por la irrupción de actores nuevos, muy alejados del reducido mundo de las letras antes de 1811, cuyo único atributo reconocible era ser “hijos de su madre”.

A pesar de la gran conmoción que causaron, los debates periodísticos no se limitaron al señalamiento de los vicios de las autoridades y las acusaciones entre particulares. Entremezclados con las polémicas personales y los asuntos locales, en el nuevo espacio público de opinión aparecieron frecuentemente los conceptos de nación, soberanía, pueblo, constitución, representación, etc., es decir, esos en torno a los cuales se forjará la política moderna. De esa manera, se creó un espacio nuevo, abierto al público letrado, en el que tanto los asuntos personales como los de índole política se entremezclaban y se politizaban.

Hasta la isla llegaron también los ecos de los sucesos políticos y militares en Europa, del constitucionalismo gaditano y de los primeros movimientos independentistas en la América hispana continental. Además de noticias, en los periódicos cubanos se publicaron textos fundamentales del pensamiento político de la época y se reimprimieron artículos de los principales periódicos liberales de la Península. Esas reimpresiones han sido en muchas ocasiones desdeñadas por los historiadores por considerarlas producciones foráneas, menospreciando de esa forma la relevancia que tuvo la circulación de las ideas de la ilustración y el constitucionalismo liberal (Fernández Viciedo, 2023).

Los debates sobre el encaje de la isla en la monarquía constitucional se produjeron en el seno de la élite criolla ilustrada desde 1810, a raíz del nombramiento de los diputados cubanos a las Cortes constitucionales (Valdés Domínguez, 1879, 101-105), momento en el que Antonio-Filiu Franco Pérez, que se ha dedicado al estudio de la cuestión cubana en el ordenamiento jurídico español, sitúa el comienzo de lo que denomina “protoparticularismo” insular (Franco Pérez, 2000, p. 167).

Un grupo de escritores, casi todos de origen cubano o americano, provenientes de sectores medios, relativamente desconocidos hasta entonces, se hizo eco de las principales reivindicaciones de los diputados americanos en Cádiz. Imbuidos en la retórica anti-absolutista predominante en los medios de la isla, defendieron también las reivindicaciones de igualdad entre españoles europeos y americanos, y apostaron por una vía autonomista, que, si bien los mantuviese unidos a España bajo el paraguas constitucional, garantizase una mayor participación de los criollos en el gobierno de los territorios. Estas ideas conectaron a escritores y miembros de las élites criollas cubanas con el sentir de una parte considerables de las élites americanas, que se expresaban tanto en Cádiz como en las principales ciudades americanas.

Estas ideas irrumpieron en la prensa a partir de 1811, pero cargadas de un fuerte patriotismo americano, con gran entusiasmo hacia el proyecto constitucional, y una dura crítica al colonialismo español; llamando a refundar las relaciones entre la metrópoli y las provincias americanas en el marco constitucional. Periódicos como El patriota americano, El Diario Cívico o La cena: diario de La Habana marcaron un auténtico punto de inflexión en la prensa habanera, introduciendo en el debate público cuestiones como las características y pertinencia de los diferentes sistemas políticos, la crítica al colonialismo español en América, el papel de la opinión pública, o incluso la utilidad de las revoluciones19.

Entre los títulos más interesantes surgidos entre 1811 y 1814 en Cuba cabe citar en el primer lugar al Correo de las Damas, que fue, según calificativo de Jensen, el primer periódico realmente innovador surgido allí tras la promulgación del decreto de libertad de imprenta. Surgió de las manos de Bergaño y del criollo Joaquín José García y publicó 78 números, entre marzo y noviembre de 1811. El Correo supuso una novedad precisamente por estar dedicado al público femenino, de lo cual podemos considerarlo como un auténtico precursor en todo el mundo hispano, aunque surgió con bastante retraso respecto a las primeras publicaciones orientadas a las mujeres en otras latitudes (Hernández González, 2020; Vicente Ciudad, 2012, p. 401-403).

El antecedente inmediato en España fue el periódico homónimo editado en Cádiz, que apareció como suplemento del Diario Mercantil de Cádiz entre 1804 y 1807. El habanero, no obstante, hijo de las discusiones de su tiempo, fue exponente de una visión mucho más liberal sobre las mujeres, lo cual fue motivo de escándalo y censura. Las afirmaciones de Bergaño sobre la necesidad de educar a las mujeres, pero, sobre todo, sus críticas radicales a la moralidad condenatoria contra las féminas motivaron una fuerte polémica con el obispo Díaz de Espada, que conllevó finalmente un dictamen condenatorio de la junta de censura (Hernández González, 2020).

Además de las polémicas con Espada, la radicalidad de las posturas de Bergaño motivó la aparición de otra publicación dedicada al público femenino, el semanario La Tertulia de las Damas, de carácter más costumbrista y presumiblemente cercano al diocesano, aunque no tengamos información fidedigna sobre sus editores y escritores. En varios de sus números la Tertulia polemizó con el Correo valiéndose de la sátira y del ataque personal contra Bergaño (Jensen, 1988, p. 35, 155). Al polémico escritor debemos atribuirle también la invención o criollización de un estilo muy particular de sátira política, que utilizaba los recursos de la tradicional crítica costumbrista para intervenir con mordacidad en la opinión pública. Con el lanzamiento de El Esquife, Bergaño inventó un lenguaje literario y también visual en el periodismo habanero que tendría su consolidación años más tarde durante el Trienio Liberal. En sus páginas, Bergaño concibió al esquife -pequeña embarcación auxiliar que llevaban consigo los navíos- como un actor justiciero de la vida pública habanera. En cada uno de sus números el barco, convertido en personaje, guiado por su patrón, el altisonante Liberato Antiservilio, realizaba un viaje por el mar urbano para capturar anticonstitucionales y gentes poco virtuosas en general, para conducirlos a un imaginario lugar llamado Cayo Puto, de tal forma que sus páginas se convirtieron en un tribunal de la moralidad pública y la virtud política. Publicó al menos 69 entregas entre septiembre de 1813 y mayo de 1814, por lo que suponemos que ambos personajes se habrán hecho un espacio en la cultura popular del período. Su impacto lo podemos presumir por las múltiples denuncias de que fue objeto hasta que consiguieron la retirada de Bergaño, a pesar de contar con firmes defensores entre los sectores más progresistas de la élite criolla (Jensen, 1988, p. 45-47).

El periódico de Bergaño se servía de un lenguaje marinero que encajaba a la perfección en la cultura de una ciudad-puerto de dimensión atlántica como La Habana. Las referencias al mundo de la navegación no se limitaban al texto, sino que Bergaño introdujo otro elemento novedoso en la prensa del bienio: la imagen como complemento de la crónica y a la vez reclamo para el público. Se trata de una imagen fija en la cabecera del periódico, por encima del título, que representaba a un esquife navegando.

A diferencia de lo ocurrido en otros territorios americanos, en la prensa cubana no se produjo una defensa de la independencia, y más bien primaron los llamados a los patriotas americanos del continente a regresar al seno de la monarquía, una vez que se desataron los primeros conflictos armados. Apenas hubo espacio para la crítica al modelo agroexportador y esclavista concebido por la élite y las autoridades de la monarquía20 y muy pronto se comenzaron a plantear límites a las libertades constitucionales, especialmente a la libertad de imprenta.

Larry Jensen, sin quitarle importancia a la transformación que esta irrupción de la prensa tuvo en la sociedad, señala como una de sus características fundamentales la moderación de la misma, en contraste con el Cádiz de las Cortes o, agregaríamos nosotros, algunas de las zonas insurgentes americanas. El motivo sería que, si bien las autoridades garantizaron la aplicación íntegra del decreto, dejaron en manos de la Sociedad Patriótica el ejercicio de la censura, reforzando así la hegemonía cultural que ya ejercía desde su creación. Ello habría dado lugar a un clima en el que todos, tanto los que reclamaban a través de la prensa mayor participación política, como los que se oponían a cualquier innovación, evitarían estudiosamente las críticas directas al status quo de la isla (Jensen, 1988, p. 30). Esta autocontención se advierte por ejemplo, en lo relativo a la esclavitud, tema ausente en toda la producción y polémica periodística de estos años. Este llamativo consenso entre grupos y personas claramente enfrentados refleja hasta qué punto se quería evitar por parte de todos cualquier efecto desestabilizador del sistema colonial después de lo sucedido en las colonias francesas e inglesas (Haití desde 1791, Jamaica en 1795 ), y del posible efecto de la llamada ‘rebelión de Aponte’ o de Peñas Altas en 181221.

La supuesta moderación no impidió que se ventilaran ardorosamente temas candentes para los intereses económicos establecidos en La Habana y en el resto de la isla, como la necesidad de acabar con la Factoría de tabacos (la institución que regulaba el estanco del ramo) y la liberalización del comercio, temas que enfrentaban a los comerciantes de la Muralla, defensores del “comercio nacional” pretendidamente monopolista, con la elite hacendado-comerciante habanera partidaria del liberalismo económico, representada por el Consulado y la Sociedad Patriótica, y que contaba siempre con el apoyo de capitán general. Aunque ambas posturas estaban lejos de representar de forma excluyente una división de intereses entre americanos y peninsulares, esta fractura se fue manifestando peligrosamente en la opinión pública.

Tan tarde como los meses de mayo y junio de 1814, después de la elección de los diputados para las Cortes ordinarias de 1815, en la prensa se suscitó una polémica intensa sobre los sucesos de México, que indirectamente se mezcló con los asuntos insulares. Comenzó con la publicación de las noticias de la ejecución del líder independentista Mariano Matamoros por el jefe político superior de Nueva España Félix Calleja. La lectura de los acontecimientos mexicanos, a la luz de las noticias que también llegaban desde España22, se convirtió pronto en un juicio contra el colonialismo español y muy en particular contra el comportamiento de los jefes militares y contra la avaricia del gran comercio monopolista. La Cena reprodujo en mayo fragmentos del Clamores de la fidelidad americana contra la opresión o fragmentos para la historia futura del yucateco José Matías Quintana, que sin dudas impactaron con fuerza en la opinión pública habanera:

Benito Rodríguez de Cisneros, capitán del regimiento de Zamora, asumió en los números siguientes, a través de remitos al periódico, la defensa del Consulado de México y de Calleja. En su opinión, no cabía lugar a críticas contra la actuación de los realistas en el país azteca. Desmentía las palabras de Quintana afirmando que no se trataba de un conflicto entre espadas españolas y sangre mexicana, ya que habían sido estos últimos “los que se levantaron contra sus hermanos” españoles24. A Cisneros le respondió el cura Domingo Espinosa, acusándole de publicar “eructos irreflexivos en la prensa habanera y de poseer un espíritu “dispuesto a alterar el orden”25. Otro tanto hizo Luis Gonzaga Oronoz26, también a través de La Cena, acusando a Cisneros de actuar movido del “espíritu de partido” y recalcando el nefasto papel que jugó el comercio en la destitución del virrey Iturrigaray y el comienzo de la revolución en México27.

Los intercambios de acusaciones continuaron durante todo el mes de mayo y se fueron aplacando en la medida en que llegaban, sueltas y por vías extraoficiales, las noticias de Europa y, finalmente, la confirmación de la entrada del rey en España. En ese tiempo, desaparecieron casi por completo los escritos locales, que fueron sustituidos por las noticias internacionales. El 22 de julio de 1814 el capitán general informaba al rey sobre la abolición pacífica del régimen constitucional en la isla, aunque existen varias evidencias de que los partidarios del régimen liberal no aceptaron resignadamente el golpe absolutista.

El mejor ejemplo nos llega desde Puerto Príncipe, tercera ciudad de la isla, donde a pesar de que las autoridades acataron las reales disposiciones y restablecieron el régimen de 1810, en la prensa se manifestaran ideas contrarias a los decretos fernandinos. En defensa de la monarquía moderada y constitucional, el periódico El Espejo publicó la declaración del rey de Suecia sujetándose a la constitución de su país y un artículo con una nota satírica que decía:

El fiscal de la Real Audiencia –instalada en Puerto Príncipe desde 1800–, Anacleto de las Casas, instruyó una acusación contra las autoridades locales, afirmando que, por su actuación laxa para hacerlos cumplir, cinco días después de que llegara a Puerto Príncipe la noticia de la reposición de Fernando VII y los decretos proscribiendo la Constitución y la libertad de imprenta, en aquella ciudad “se estaba imprimiendo y hablando con toda libertad”29.

Entre 1811 y 1814 la libertad de imprenta decretada por las Cortes constituyentes españolas y garantizada más tarde por la Constitución de Cádiz permitió un salto significativo en la historia de la prensa y las letras en Cuba. Aumentó vertiginosamente el número de publicaciones y también su dispersión por el territorio insular. La Habana fue el epicentro indiscutible de esa revolución de las imprentas, pero otras poblaciones tuvieron por primera vez periódicos impresos durante aquellos años. De la prensa y las imprentas, aparecieron en el espacio público los escritores públicos o gacetistas, que progresivamente se convirtieron en personajes destacados de la vida política.

Al igual que en Cádiz, el rasgo fundamental de la prensa constitucional sería la irrupción de la política en las páginas impresas. En Cuba, aunque las autoridades consiguieron mantener el control de la censura, la prensa pasó de ser un instrumento controlado por el gobierno y las élites locales a convertirse en un foro dinámico donde se discutían cuestiones de gran relevancia política y social. La supuesta moderación de los debates políticos e ideológicos no impidió que a través de las páginas impresas se cuestionara abiertamente el despotismo, se promovieron ideales liberales y constitucionalistas y se polarizara la opinión pública, la mayor parte de las veces a través de libelos y ataques personales.

Además de las ideas y la confrontación políticas, la prensa de este primer período constitucional evolucionó en los lenguajes periodísticos –particularmente en el ámbito de la sátira política–, así como en los códigos visuales y literarios y en el desarrollo técnico de la imprenta. Esta ruptura con los moldes temáticos, técnicos y del lenguaje del periodismo anterior, de inspiración ilustrada, se mostraría con mayor radicalidad en el segundo período de vigencia de la Constitución de Cádiz entre 1820 y 1823.

El entusiasmo con que fue recibido el decreto de libertad de imprenta en 1810, la extraordinaria multiplicación del número de publicaciones aparecidas desde entonces y la resistencia demostrada por algunos escritores y medios en 1814, cuando se anunció la supresión del régimen constitucional por Fernando VII, demuestran la madurez cultural de la sociedad habanera y el arraigo del espíritu liberal, al menos entre las clases medias y altas que gozaban de mayor ilustración.